INTERNET TECNOLÓGICAS

Critican la facultad otorgada a las grandes tecnológicas para dirimir sobre libertad expresión

EFEFUTURO.- La Asociación de Internautas (AI) ha rechazado hoy la nueva facultad otorgada a las grandes tecnológicas para dirimir en temas de libertad de expresión tras el reciente anuncio conjunto con la UE de un código de conducta con compromisos para combatir la incitación ilegal al odio en la red en Europa.

<p>Usuario de internet frente a un ordenador. EPA/JULIAN STRATENSCHULTE</p>

Usuario de internet frente a un ordenador. EPA/JULIAN STRATENSCHULTE

Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft son algunas de las empresas que forman parte de ese pacto para luchar contra la propagación del lenguaje del odio en internet, que incluye compromisos como la retirada de los contenidos supuestamente perniciosos en un plazo de 24 horas.

“¿Cómo desde la propia Unión Europea se puede dar esa categoría a las empresas para determinar qué es legal decir o no?”, se pregunta preocupado el presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, en declaraciones a Efefuturo.

En su opinión, son excesivas las facultades otorgadas una vez más a las grandes tecnológicas para dirimir sobre cuestiones relacionadas con el derecho a la libertad de expresión, mientras que dicha competencia debe recaer sólo en el juez, al menos en los Estados de Derecho.

“Europa está haciendo dejación de sus funciones con este tipo de acciones, y nos esta quitando la garantías que nos debe dar el Estado de Derecho a los ciudadanos”, ha añadido.

Sin embargo, ese tipo de facultades extraordinarias a las empresas no es algo nuevo, ha lamentado, tras recordar otros casos.

La sentencia del derecho al olvido

Por ejemplo, la sentencia europea del “derecho al olvido” que dio la razón a un ciudadano en esa petición aunque estableció que serían los propios buscadores los que determinarían en función de una serie de criterios qué contenidos serían retirados de sus motores tras la denuncia de la persona supuestamente agraviada por ellos.

Ni siquiera bajo el argumento de la seguridad se justifica que las empresas decidan qué se debe decir o no, porque existen comentarios en ciertas situaciones que bordean la legalidad y en las que sólo un juez habría de determinar la naturaleza ilícita o no de los mismos, según Domingo.

No se puede dejar este tipo de decisiones en manos de las empresas, sin criterios comunes o armonizados al respecto entre los distintos países”, ha añadido el experto.

Una cosa es que se obligue a estas empresas a operar rápidamente tras alguna denuncia o bloquear ciertos contenidos, y otra muy distinta que actúen ellas por su cuenta y riesgo.EFE

Publicado en: Internet

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