CIBERSEGURIDAD

Aumentan un 95 % la actividad de la Fiscalía Criminalidad Informática en 2016

La Fiscalía de Criminalidad Informática redactó en 2016 un 95 % más de escritos de acusación que en 2015 en materia de delitos contra la libertad y seguridad de las personas, según su coordinadora nacional, Elvira Tejada, en el I Foro de Género y Ciberseguridad, centrado hoy en buscar fórmulas contra la violencia machista en el ámbito digital

<p>Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en León. EFE/J. Casares</p>

Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en León. EFE/J. Casares

Durante la segunda jornada del Foro, organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), expertos de diferentes ámbitos han defendido que la clave para avanzar hacia un mundo digital más seguro es la formación y han advertido de que la violencia de género en su vertiente digital es igual de dañina que una agresión física.

En la mesa redonda sobre delitos de género en la red, la coordinadora nacional de la Fiscalía de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha indicado que la legislación está avanzando y se está trabajando con el objetivo de definir delitos para luchar contra nuevas manifestaciones criminales. Ha precisado que se trata de un hecho que ya existía, como es la violencia de género, pero que ahora ha encontrado nuevos cauces.

Criminalidad informática


Tejada ha resaltado que desde la Fiscalía se hace un seguimiento de estos delitos, además de retirar determinados contenidos en la red y acusando a quien lleva actos de violencia de género a través de Internet.

En materia de delitos contra la libertad y seguridad de las personas, la coordinadora de la Fiscalía de Criminalidad Informática ha apuntado que en 2016 se hicieron un 95 por ciento más de escritos de acusación que en 2015. Asimismo, ha recalcado que “se investigan y se castigan esos comportamientos para que no queden impunes porque son crímenes”.

Carlos Yuste, de la Central de Seguridad Informática de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ha incidido en que actualmente los efectos de los delitos y de la violencia de género “se amplifican hasta el infinito y causan daños irreparables a la víctima”. También ha explicado que desde su unidad realizan “ciberpatrullaje” para buscar casos de pornografía infantil o manifestaciones de violencia de género en la red y actuar contra los autores de dichos mensajes.

Por su parte, Juan Antonio Rodríguez, jefe de Departamento de Delitos Telemáticos en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha hablado de la complejidad que entraña la investigación en la red de este tipo de delitos.

José Antonio Burriel, abogado y periodista, ha defendido proteger a los menores y no ocultar la “cosificación” de la mujer bajo una supuesta libertad de expresión, además de asegurar que “no hay ninguna vacuna contra la violencia de género que no sea la educación”.

Sexting y sextorsion


Asimismo, la directora del departamento Jurídico de la Asociación Stop Violencia de Género Digital, Carolina Álvarez, ha señalado que “el anonimato y la velocidad de difusión de las redes sociales contribuye a que los delitos de violencia de género aumenten y que en ocasiones no exista tipología penal para su castigo”. Anuncios ofreciendo servicios sexuales, la suplantación de personalidad, la revelación y difusión de secretos, el “sexting” y la “sextorsión” son los casos más habituales de violencia de género digital y “todos podemos estar expuestos en algún momento de nuestra vida”, ha advertido Álvarez.

Ha aconsejado a las mujeres que se sientan acosadas en la red que se asesoren lo antes posible, que no borren nada porque pueden ser pruebas en un procedimiento judicial y que lo pongan en conocimiento de la Policía lo antes posible.

Entre las ponencias de esta segunda jornada, ha destacado también la dedicada a la autopsia forense digital y el taller de falsas evidencias, a cargo del perito judicial Bruno Pérez, quien ha explicado cómo analizar las piezas de un ordenador para detectar pruebas que permitan resolver casos de delitos, como espionaje industrial o acoso. EFE
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