POLÍTICA CIENTÍFICA

El Congreso aprueba por unanimidad que los científicos de los OPI sean evaluados

El Congreso ha instado por unanimidad al Gobierno a que elabore y apruebe, en el plazo máximo de tres meses, un reglamento que posibilite la evaluación de todos los científicos de los Organismos Públicos de Investigación (OPI).

<p>EFE/Felipe Trueba</p>

EFE/Felipe Trueba

Se trata de una vieja reivindicación -de más de 20 años- de los investigadores, que la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación recogió en 2011 y que a día de hoy no se ha cumplido.

Esta evaluación, de ser positiva, va ligada a la percepción de unos complementos -sexenios y quinquenios-.

Los afectados hoy en el Congreso


Desde hace meses, los científicos afectados -una representación hoy en el Congreso- se han unido para hacer llegar sus reivindicaciones a los distintos grupos, también al Gobierno.
Piden que en sus nóminas aparezcan esos quinquenios y sexenios a los que -dicen- tienen derecho desde 2014, unos complementos que precisamente se consiguen tras pasar una evaluación externa.

Conseguirlo supondría reducir la brecha salarial actual de hasta 900 euros que existe con respecto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las universidades, cuyos investigadores sí son evaluados y cobran por tanto los complementos.

Los investigadores afectados son en total unos 700, la mayoría de OPI distintos al CSIC (aunque en este centro hay 60 afectados): Instituto de Salud Carlos III; Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas; Instituto Geológico y Minero de España; Instituto Español de Oceanografía; e Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

Unificación de las escalas científicas


La ley de la Ciencia unificó todas las escalas científicas de los OPI, de modo que a partir de 2012 las únicas escalas son las de Científico Titular, Investigador Científico y Profesor de Investigación; la ley determinaba además que el sistema retributivo fuera también común, de ahí la petición de los investigadores.

Y es que desde 1989 la mayoría de los científicos del CSIC, cerca de 3.000, y de los profesores de universidad, cerca de 60.000, someten su trabajo a una evaluación externa por parte de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora del Ministerio de Educación, pero no así el resto del personal de los OPI.

Técnico de laboratorio. NGG/EFE.

Técnico de laboratorio. NGG/EFE.



Los investigadores de estos centros, CSIC y universidades tienen ahora el mismo nombre en sus escalas pero “no los mismos derechos”, explicaron a Efe en su día los afectados, que señalaron que con esta evaluación desaparecerán los complementos discrecionales actuales.

“Se trata de cumplir la ley”, ha resumido hoy la diputada socialista María González Veracruz, en cuya iniciativa se solicita al Gobierno que apruebe el reglamento mediante real decreto.

En 2014, el Ministerio de Economía trabajó en uno para regular este asunto pero “finalmente quedó aparcado arguyendo problemas presupuestarios”, según fuentes de los afectados.

Para Veracruz, se trata de una “excusa” porque la cantidad es mínima -1,3 millones de euros al año, según los investigadores-.

Voluntad política


“Hace falta voluntad política”, ha subrayado esta diputada, quien ha recordado, además, que su partido está a favor de un pacto por la ciencia pero con el Gobierno de Mariano Rajoy “se hace muy difícil”, por eso, primero, hay que sentar unas bases, entre ellas el aumento de la inversión en I+D+i y más apoyo a los recursos humanos.
Víctor Píriz, del PP, ha recordado a los socialistas que dejaron “un país hundido”, por lo que les pidió “no dar lecciones”.

En su enmienda, Ciudadanos pide que, con independencia del reglamento que el Gobierno pueda aprobar en tres meses para constituir un sistema objetivo que permita la evaluación, se establezca con “carácter general e inmediato” que todos los investigadores adscritos a las nuevas escalas científicas puedan voluntariamente ser evaluados, como los del CSIC y universidades.

En el debate, Antonio Roldán, de Ciudadanos, ha lamentado “el desprecio” que el Gobierno del PP muestra hacia la ciencia, al igual que la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En marea María Rosa Martínez, quien ha criticado, además, que en los últimos cinco años se hayan perdido 12.000 puestos de trabajo en este campo. Efefuturo
Se trata de una vieja reivindicación -de más de 20 años- de los investigadores, que la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación recogió en 2011 y que a día de hoy no se ha cumplido.

Esta evaluación, de ser positiva, va ligada a la percepción de unos complementos -sexenios y quinquenios-.

Los afectados hoy en el Congreso


Desde hace meses, los científicos afectados -una representación hoy en el Congreso- se han unido para hacer llegar sus reivindicaciones a los distintos grupos, también al Gobierno.
Piden que en sus nóminas aparezcan esos quinquenios y sexenios a los que -dicen- tienen derecho desde 2014, unos complementos que precisamente se consiguen tras pasar una evaluación externa.

Conseguirlo supondría reducir la brecha salarial actual de hasta 900 euros que existe con respecto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las universidades, cuyos investigadores sí son evaluados y cobran por tanto los complementos.

Los investigadores afectados son en total unos 700, la mayoría de OPI distintos al CSIC (aunque en este centro hay 60 afectados): Instituto de Salud Carlos III; Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas; Instituto Geológico y Minero de España; Instituto Español de Oceanografía; e Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

Unificación de las escalas científicas


La ley de la Ciencia unificó todas las escalas científicas de los OPI, de modo que a partir de 2012 las únicas escalas son las de Científico Titular, Investigador Científico y Profesor de Investigación; la ley determinaba además que el sistema retributivo fuera también común, de ahí la petición de los investigadores.

Y es que desde 1989 la mayoría de los científicos del CSIC, cerca de 3.000, y de los profesores de universidad, cerca de 60.000, someten su trabajo a una evaluación externa por parte de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora del Ministerio de Educación, pero no así el resto del personal de los OPI.

Técnico de laboratorio. NGG/EFE.

Técnico de laboratorio. NGG/EFE.



Los investigadores de estos centros, CSIC y universidades tienen ahora el mismo nombre en sus escalas pero “no los mismos derechos”, explicaron a Efe en su día los afectados, que señalaron que con esta evaluación desaparecerán los complementos discrecionales actuales.

“Se trata de cumplir la ley”, ha resumido hoy la diputada socialista María González Veracruz, en cuya iniciativa se solicita al Gobierno que apruebe el reglamento mediante real decreto.

En 2014, el Ministerio de Economía trabajó en uno para regular este asunto pero “finalmente quedó aparcado arguyendo problemas presupuestarios”, según fuentes de los afectados.

Para Veracruz, se trata de una “excusa” porque la cantidad es mínima -1,3 millones de euros al año, según los investigadores-.

Voluntad política


“Hace falta voluntad política”, ha subrayado esta diputada, quien ha recordado, además, que su partido está a favor de un pacto por la ciencia pero con el Gobierno de Mariano Rajoy “se hace muy difícil”, por eso, primero, hay que sentar unas bases, entre ellas el aumento de la inversión en I+D+i y más apoyo a los recursos humanos.
Víctor Píriz, del PP, ha recordado a los socialistas que dejaron “un país hundido”, por lo que les pidió “no dar lecciones”.

En su enmienda, Ciudadanos pide que, con independencia del reglamento que el Gobierno pueda aprobar en tres meses para constituir un sistema objetivo que permita la evaluación, se establezca con “carácter general e inmediato” que todos los investigadores adscritos a las nuevas escalas científicas puedan voluntariamente ser evaluados, como los del CSIC y universidades.

En el debate, Antonio Roldán, de Ciudadanos, ha lamentado “el desprecio” que el Gobierno del PP muestra hacia la ciencia, al igual que la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En marea María Rosa Martínez, quien ha criticado, además, que en los últimos cinco años se hayan perdido 12.000 puestos de trabajo en este campo. Efefuturo

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