POLÍTICA CIENTÍFICA

Científicos de organismos públicos piden ser evaluados y que se cumpla la ley

Científicos de seis organismos públicos de investigación se han unido para pedir que en sus nóminas aparezcan los quinquenios y sexenios a los que, señalan, tienen derecho por ley desde 2014, unos complementos que se consiguen tras pasar una evaluación externa regida por estándares internacionales.

<p>Tubos de ensayo en un laboratorio. Imagen de archivo. EFE/JORGE DIRKX.</p>

Tubos de ensayo en un laboratorio. Imagen de archivo. EFE/JORGE DIRKX.

Esto podría suponer reducir la brecha salarial actual de hasta 900 euros que existe con respecto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las universidades, cuyos investigadores ya son evaluados, señalan a Efe algunos de los afectados.

Se trata de una reivindicación antigua, de más de 20 años, que ahora es obligatoria según la ley de la ciencia.

Tres cartas a tres ministros

Los investigadores afectados son en total unos 700, la mayoría de OPI distintos al CSIC (aunque en este centro hay 60 afectados): Instituto de Salud Carlos III; Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas; Instituto Geológico y Minero de España; Instituto Español de Oceanografía; e Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

Análisis en un laboratorio. Fotografía de archivo/EFE.

Análisis en un laboratorio. Fotografía de archivo/EFE.

Estos han enviado tres cartas -rubricadas por 336 científicos- a los ministros de Economía, Educación y Hacienda, Luis de Guindos, Íñigo Méndez de Vigo y Cristóbal Montoro, respectivamente, para pedirles que medien y/o solucionen un problema que crea “discriminación y científicos de primera y segunda clase”.

Impide también la movilidad de los científicos y “afecta a su prestigio profesional”, apuntan los afectados, que hoy ponen en marcha una campaña para recabar apoyos entre la comunidad científica.

La ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (2011) unificó todas las escalas científicas de los OPI, de modo que a partir de 2012 las únicas escalas científicas son las de Científico Titular, Investigador Científico y Profesor de Investigación; la ley determina además que el sistema retributivo será también común.

El régimen contempla una serie de complementos, conocidos como quinquenios y sexenios, que están sujetos a evaluación de méritos, excelencia científica y evaluaciones externas con criterios internacionales.

700 científicos sin cobrar sexenios y quinquenios

Desde 1989 la mayoría de los científicos del CSIC, cerca de 3.000, y de los profesores de universidad, cerca de 60.000, someten su trabajo a una evaluación externa por parte de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) del Ministerio de Educación.

Sin embargo, el personal del resto de los OPI no son evaluados ni cobran estos complementos (algunos están empezando a ser evaluados porque así lo han pedido, pero no los cobran).

Los investigadores de estos centros, CSIC y universidades tienen ahora el mismo nombre en sus escalas pero “no los mismos derechos”, explican los afectados, que reivindican ser evaluados con estándares internacionales, lo que “aumentará notablemente el nivel de la calidad científica del país” (con esto desaparecerían los complementos actuales discrecionales).

Sin los mismos derechos que el CSIC

En 2014, el Ministerio de Economía trabajó en un real decreto para regularlo, que quedó “finalmente aparcado arguyendo problemas presupuestarios”, recuerdan los científicos en una de sus misivas, a las que ha tenido acceso Efe.

La secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela (i), y el presidente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo (d). Imagen de archivo. EFE/Kote Rodrigo.

Los afectados, a principios de año, pusieron en conocimiento de la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, este problema, quien en varias cartas aseguró que el desarrollo normativo para solucionarlo estaba entre sus prioridades.

Sin embargo, Hacienda informó negativamente y “paralizó el proceso”.

Por eso, piden a los tres ministerios que se coordinen y actúen para que se cumpla la ley, y calculan que la medida podría costar unos 1,3 millones de euros al año.

“Nuestra reclamación supone un cambio de filosofía en el funcionamiento de los OPI, pues reclamamos, además del cumplimiento de la ley, una valoración externa basada en criterios de calidad y excelencia, al igual que se hace en todas las universidades y en el CSIC”.

Fuentes de la Secretaría de Estado de I+D+i, confirman a Efe que siguen trabajando para que esto se consiga cuanto antes.

Los afectados están en conversaciones con Ciudadanos y PSOE, que han presentado en el Congreso dos iniciativas. Efefuturo

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Publicado en: Ciencia

Esto podría suponer reducir la brecha salarial actual de hasta 900 euros que existe con respecto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las universidades, cuyos investigadores ya son evaluados, señalan a Efe algunos de los afectados.

Se trata de una reivindicación antigua, de más de 20 años, que ahora es obligatoria según la ley de la ciencia.

Tres cartas a tres ministros

Los investigadores afectados son en total unos 700, la mayoría de OPI distintos al CSIC (aunque en este centro hay 60 afectados): Instituto de Salud Carlos III; Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas; Instituto Geológico y Minero de España; Instituto Español de Oceanografía; e Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

Análisis en un laboratorio. Fotografía de archivo/EFE.

Análisis en un laboratorio. Fotografía de archivo/EFE.

Estos han enviado tres cartas -rubricadas por 336 científicos- a los ministros de Economía, Educación y Hacienda, Luis de Guindos, Íñigo Méndez de Vigo y Cristóbal Montoro, respectivamente, para pedirles que medien y/o solucionen un problema que crea “discriminación y científicos de primera y segunda clase”.

Impide también la movilidad de los científicos y “afecta a su prestigio profesional”, apuntan los afectados, que hoy ponen en marcha una campaña para recabar apoyos entre la comunidad científica.

La ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (2011) unificó todas las escalas científicas de los OPI, de modo que a partir de 2012 las únicas escalas científicas son las de Científico Titular, Investigador Científico y Profesor de Investigación; la ley determina además que el sistema retributivo será también común.

El régimen contempla una serie de complementos, conocidos como quinquenios y sexenios, que están sujetos a evaluación de méritos, excelencia científica y evaluaciones externas con criterios internacionales.

700 científicos sin cobrar sexenios y quinquenios

Desde 1989 la mayoría de los científicos del CSIC, cerca de 3.000, y de los profesores de universidad, cerca de 60.000, someten su trabajo a una evaluación externa por parte de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) del Ministerio de Educación.

Sin embargo, el personal del resto de los OPI no son evaluados ni cobran estos complementos (algunos están empezando a ser evaluados porque así lo han pedido, pero no los cobran).

Los investigadores de estos centros, CSIC y universidades tienen ahora el mismo nombre en sus escalas pero “no los mismos derechos”, explican los afectados, que reivindican ser evaluados con estándares internacionales, lo que “aumentará notablemente el nivel de la calidad científica del país” (con esto desaparecerían los complementos actuales discrecionales).

Sin los mismos derechos que el CSIC

En 2014, el Ministerio de Economía trabajó en un real decreto para regularlo, que quedó “finalmente aparcado arguyendo problemas presupuestarios”, recuerdan los científicos en una de sus misivas, a las que ha tenido acceso Efe.

La secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela (i), y el presidente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo (d). Imagen de archivo. EFE/Kote Rodrigo.

Los afectados, a principios de año, pusieron en conocimiento de la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, este problema, quien en varias cartas aseguró que el desarrollo normativo para solucionarlo estaba entre sus prioridades.

Sin embargo, Hacienda informó negativamente y “paralizó el proceso”.

Por eso, piden a los tres ministerios que se coordinen y actúen para que se cumpla la ley, y calculan que la medida podría costar unos 1,3 millones de euros al año.

“Nuestra reclamación supone un cambio de filosofía en el funcionamiento de los OPI, pues reclamamos, además del cumplimiento de la ley, una valoración externa basada en criterios de calidad y excelencia, al igual que se hace en todas las universidades y en el CSIC”.

Fuentes de la Secretaría de Estado de I+D+i, confirman a Efe que siguen trabajando para que esto se consiga cuanto antes.

Los afectados están en conversaciones con Ciudadanos y PSOE, que han presentado en el Congreso dos iniciativas. Efefuturo

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