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La investigación pública en peligro de extinción

La investigación pública española está en “serio peligro”, con unos presupuestos “del siglo pasado para 2014” -el mismo monto de 1998-, apenas el 0,52 % del PIB, lo que supone “una pérdida de capital y, desgraciadamente, humano muy importante”, ha denunciado hoy la Asamblea General de Ciencia.

Imagen de un laboratorio

Imágen de una placa con una muestra de probióticos. EFE/Manuel Bruque

Esta agrupación, formada por científicos y trabajadores del CSIC, universidades y otros organismos de investigación, ha presentado hoy el documento “Descapitalizando la ciencia” con el que alerta de que la ciencia española “está en una situación de emergencia” que “en pocos años puede colapsar el sistema científico español”.

Científicos e investigadores, que quieren llevar su mensaje a la sociedad porque “sin ciencia, no hay cultura”, han reclamado al Gobierno “dignidad laboral”, que no sólo es contar con un salario adecuado y una estabilidad laboral, sino disponer de los medios mínimos necesarios para investigar.

Desde 2009, año en el que la ciencia alcanzó su máximo de financiación al llegar al 1 % del PIB -la media comunitaria es del 2 %-, los recursos destinados a la ciencia han sufrido un recorte acumulado del 36,5 %, que a su vez se han traducido en una caída del 24,4 % en gastos de personal y en un 40,5 % en gastos corrientes de bienes y servicios.

Pérdida de recursos y de personal investigador


“Cada vez hay menos recursos para poder mantener al personal investigador, que termina emigrando o trabajando en otros ámbitos, y muchos programas y grupos de investigación han desaparecido”, ha señalado la investigadora científica Annie Machordom y miembro de la Asamblea.

Ha añadido que del presupuesto total destinado a investigación un 60 % se corresponde a créditos reembolsables para empresas privadas, con la paradoja de que los centros de investigación públicos no tienen acceso a estos fondos.

“El problema -de estos créditos- es que un porcentaje importante de esta financiación vuelve a las arcas de Hacienda”, porque las empresas no hacen uso de ellos.

Esto es así porque, además de que en España no hay una tradición investigadora por parte de entidades privadas, “desde el Gobierno tampoco se potencia con una ley de mecenazgo que beneficie fiscalmente a aquellos que colaboran con la actividad científica”.

No obstante, desde la Asamblea han hecho hincapié en el gran peligro que supone el desmantelamiento de la investigación pública y sometida a los intereses de empresas privadas que únicamente defienden la rentabilidad monetaria, pero no social, de una determinada línea de investigación.



El criterio científico “se puede perder” y buena parte de la objetividad e independencia de las investigaciones desarrolladas desde centros públicos, si hay un fin mercantil.

Además, han denunciado que los planes estatales de investigación para este año, que debieran haber salido en enero, aún no se han publicado, lo que supone que durante estos cinco meses una tercera parte de los investigadores del país, miles de personas, no tienen financiación para desarrollar su trabajo y “esto es irrecuperable”.

El Gobierno debe tener claro el modelo de país que quiere, ha destacado Machordom, “uno basado en servir cañas a la gente que viene a tomar el sol o un país con cultura donde la ciencia puede responder a los retos futuros de la sociedad”.

La Asamblea reclama a la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, que redefina el marco de la investigación pública, que no sólo requiere de financiación suficiente sino de una regularidad y estabilidad en la convocatoria de planes estatales de investigación.

Confían en que el Gobierno “encauce” la situación y advierten de que continuarán con movilizaciones, actos de protesta y de sensibilización para que la sociedad comprenda la precariedad en la que se encuentra la investigación pública que fuerza a muchos brillantes científicos a salir del país o buscar otro trabajo.
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