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Una batería de medidas contra la burocracia, losa de la I+D+i

Una de las críticas de la comunidad científica es la excesiva burocracia del sistema español de I+D+i y para reducirla, el Consejo de Ministros ha aprobado una batería de medidas que disminuye los trámites administrativos, agiliza la contratación de personal y evita los retrasos en las convocatorias, además de mejorar la igualdad.

El ministro de Ciencia, Universidades e Innovación, Pedro Duque, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE/ Chema Moya

El ministro de Ciencia, Universidades e Innovación, Pedro Duque, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE/ Chema Moya

La aprobación de estas medidas, “muy esperadas” por los científicos desde hace años, “darán impulso” al sistema de I+D+i y a las universidades, que llevan años soportando una “paupérrima situación”, ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Estas medidas, que son “pocas pero muy importantes“, están agrupadas en un Real Decreto-Ley que conllevarán una decena de cambios legislativos en varias normativas y leyes y que permitirán a los investigadores centrarse en su trabajo, competir mejor a nivel internacional y captar talento investigador, ha apuntado el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.

Para Duque, estas medidas “de calado” son un “hito comparable a las leyes de ciencia de 1986 y 2011” y, como ministro, “una satisfacción que compensa los sacrificios y que es un acicate para conseguir cosas nuevas”.

Para reducir la elevada carga burocrática, el Real Decreto elimina la intervención previa en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), una norma impuesta en 2014 que lastraba el funcionamiento de estos organismos y que incluso hacía que estos organismos perdieran convocatorias a proyectos europeos, ha puntualizado Duque.

En cuanto al empleo, la norma modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los centros y universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica, una medida que hasta ahora no era posible y que a rebajar la temporalidad e inestabilidad de los científicos, en especial entre los jóvenes.

Compra de material de laboratorio


Asimismo, se permitirá a los OPI elaborar informes tipo anuales (en vez de informes individualizados como hasta ahora) para todas las contrataciones previstas, lo que agilizará la gestión del reclutamiento de investigadores de carácter laboral.

El Real Decreto-Ley, que incluye medidas para la compra de material e instrumentos para la investigación, determina que los centros de investigación podrán ejecutar contratos menores de servicios y suministros hasta importes de 50.000 euros con el mismo proveedor para distintas unidades.

En la práctica, esta medida permitirá comprar material de laboratorio para dos proyectos de la misma universidad, algo que hasta ahora era imposible.


Imagen de archivo de un laboratorio científico. EFE/NGG.Imagen de archivo de un laboratorio científico. EFE/NGG.


Además, la nueva regulación permitirá a la Agencia Estatal de Investigación contar con más medios externos para reducir los plazos de comprobación de las subvenciones de proyectos de investigación, una medida que intenta liberar recursos para dedicarlos a la gestión de las convocatorias.

En igualdad, la norma modifica la Ley de Ciencia para que las bajas de maternidad, paternidad o incapacidad temporal no afecten en la selección y evaluación de la actividad científica de los investigadores, una “desventaja” que era “urgente” y “justo” solucionar, según Duque.

Esta medida mejorará la igualdad de oportunidades -en especial para las madres- y se aplicará en todas las convocatorias del Ministerio.

Préstamos a universitarios


El Real Decreto-Ley también incluye “mejoras más ventajosas” para los afectados por los préstamos Renta-Universidad, ya que solo los que sobrepasen los 22.000 euros anuales tendrán que comenzar a devolver el crédito, para lo que dispondrán de 15 años de plazo.

La medida podrá beneficiar a hasta 12.000 jóvenes que están pendientes de la devolución de los préstamos, algunos de los cuales han afrontado ya situaciones de impago.

La norma también modifica la Ley de la Ciencia para ampliar la duración de los convenios de investigación.

Así, en el caso de convenios para centros, institutos, consorcios españoles o europeos el periodo de vigencia se amplía hasta los 17 años “para poder amortizar la inversión”, si bien, los convenios para consorcios podrán tener vigencias más largas si así lo exige el proyecto científico o la naturaleza de las inversiones.

Los centros de investigación, consorcios y fundaciones podrán solicitar créditos directamente, siempre que se financien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional o al Fondo Social Europeo.

Esto ayudará a evitar retrasos en la adquisición de aparatos y en la realización de obras e infraestructuras en los centros de investigación (como la reparación y renovación de buques o la compra de equipación para grandes instalaciones científicas).

La última de las diez medidas establece que los Parques Científicos y Tecnológicos que acrediten una situación financiera que les impida cumplir con sus obligaciones de pago de préstamos o anticipos, podrán aplazar sus cuotas de amortización siempre que presenten un plan de viabilidad.

Sociedades Científicas: la escalera aún es larga


La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) ha valorado esta batería de medidas , aunque -ha advertido- “no son más que unos cuantos escalones de una escalera bastante larga”.

Así lo ha señalado a Efe el presidente de la Cosce, Nazario Martín, quien ha subrayado que el sistema de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) se encontraba en un situación de “asfixia absoluta“, así que estas medidas son “bienvenidas”.

“Este tipo de medidas son importantes, pues van a permitir una mayor flexibilidad en el día a día de nuestro trabajo”, ha resumido Martín, quien no obstante ha dicho que se trata de “unos cuantos escalones, pero queda mucho por cubrir”.

En este sentido, el presidente de la Cosce -que agrupa a más de 80 sociedades científicas- ha señalado que el sistema español de I+D+i “no estará normalizado hasta que la Agencia Estatal de Investigación no funcione debidamente”.

A juicio de este investigador, la agencia tendría que tener unos presupuestos programados plurianuales, no coincidentes con los ciclos políticos, lo que evitaría, por ejemplo, que las convocatorias de proyectos salieran con retraso como ocurre ahora.

“Esto -ha añadido Martín- será una batalla de nuevo con el Ministerio de Hacienda”. EFEfuturo
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